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Buen juicio

Derecho de Código Abierto

Obtener los datos del dueño de un hosting y/o dominio en GoDaddy




GoDaddy es una empresa proveedora de hosting y dominios que ha absorbido gran parte de los servicios que antes proveía Blogger. Hasta hace pocos meses, los blogs de este popular servicio se podían personalizar aplicando un dominio de pago provisto por la empresa, pero un cambio en su política comercial le ha hecho delegar este servicio en empresas patrocinadas como GoDaddy. Esta novedad le ha servido a Blogger para desligarse de muchos aspectos legales derivados de la responsabilidad de someter sus dominios a las legislaciones nacionales, y en el caso de España, en aquello que afecta a la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Hace pocos días se nos presentó en Bitcoin Hispano un asunto de una posible estafa realizada por internet que afectaba a ciudadanos de varios países. El colectivo de afectados quería saber ante todo los datos del titular o titulares de la web y el dominio, a los efectos de realizar una posible reclamación patrimonial en el país desde donde se había domiciliado.

GoDaddy tiene una política legal muy confusa respecto a estos temas. Aparte, la traducción al castellano de la terminología jurídica tampoco ayuda demasiado, pues confunde los términos “citación” con “notificación” (el término en inglés subpoena puede referirse también a “apercibimiento”), lo que confundiría a quien, por ejemplo, desde España, piense que un juzgado va a librar con facilidad una orden internacional en una jurisdicción extranjera.

Realizadas las consultas con la empresa, hemos aclarado algunos aspectos que si bien no hacen sencillo el proceso de obtención de estos datos que nos interesan (ni tampoco los abaratan), sí que los simplifican.

Para que GoDaddy pueda cumplir con los requisitos del programa TRUSTe en relación a la privacidad de los datos, el solicitante de la información debe aportar una demanda presentada ante autoridad judicial o administrativa, debidamente fundamentada, que determine las razones legales que se esgriman contra el titular del hosting y/o dominio, y donde se especifique la necesidad de identificarlo. En el caso de España, la presentación que se haga ante la autoridad correspondiente deberá ser traducida mediante traductor jurado y legalizada, y remitida por los medios que ofrece GoDaddy en su web (incluye fax y correo electrónico).

Esta comunicación tiene como finalidad acreditar la identidad y el interés legítimo del solicitante y proteger a GoDaddy en caso de eventuales reclamaciones del titular de los datos. Este proceso no debería demorarse más de 30 días naturales desde que se remitió la documentación.

Fuentes: elaboración propia

El anteproyecto de ley contra el crowdfunding que más hace por el Bitcoin

Si bien el Gobierno español se ha echado atrás en los aspectos más duros de los límites a la financiación colectiva, el ministro De Guindos ha anunciado la decisión del Consejo de Ministros de eliminar los límites de inversión en proyectos de equity crowdfunding (financiación en masa a cambio de participación accionarial) y crowdlending (préstamos P2P) para los inversores profesionales, que en principio se iban a limitar a 3.000 euros por proyecto y 6.000 euros por plataforma al año, que sí se aplicarán a los ciudadanos comunes y corrientes.

La suscripción popular de capitales por mecanismos ajenos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sufre un duro varapalo, ya que se trata de un impedimento que afectará a los proyectos no empresariales.

Con las modificaciones, la ley quedaría de la siguiente manera: los inversores profesionales cuya renta supere los 100.000 euros no tendrán límite alguno a la hora de invertir en ninguna empresa ni plataforma. El límite de 3.000 euros por proyecto y 6.000 por plataforma al año sí se mantiene, no obstante, para los ciudadanos aislados que no se acrediten como profesionales de la inversión.

Una de las cosas que se le olvidó, por suerte, al legislador es la existencia de mecanismos de financiación colectiva al margen de los sistemas de control que establece el mencionado anteproyecto, pudiendo encajar el crowdfunding con bitcoin en lo previsto en su art. 47, y quedando por tanto, fuera de su regulación.

Nota: el usuario RDMINER del foro de Bitcointalk nos ha hecho una apreciación importante sobre cómo encajar esta actividad en el mencionado artículo. Entendemos que la entrega de Bitcoin no es una entrega dineraria, en los términos de la Ley de Dinero Electrónico, y es que la suscripción de fondos mediante BTC implica una compraventa, a precio pactado, cuya contraprestación será efectivizada, en el caso del crowdfunding, en el tiempo que acuerden las partes.

La morosidad del Bitcoin

Las dificultades que atraviesa la economía son globales y paralelas al proceso de internacionalización de la actividad. Internet es un marco inmejorable para acceder a mercados alternativos o a ofertas ventajosas, pero las zonas grises de la normativa aplicable, los límites de la jurisdicción y la irrupción del Bitcoin en el comercio internacional, obliga a tomar recaudos a quienes operen en estas arenas.

Según nos expone la revista Emprendedores

Aumentan los impagados…

Según la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (Cesce), “la crisis está provocando un incremento de los impagos en comercio internacional, que afecta a todo el sector. Este repunte se ha producido especialmente en los dos últimos meses, en los que el número de deudores impagados ha crecido un 7% respecto a la parte central del año. Si lo comparamos con el primer semestre, el incremento es del 14%. Si hablamos de importes impagados, el aumento en los dos últimos meses sería del 13%”.

… y las dificultades de cobro 

Pero lo peor es que los impagos internacionales son extraordinariamente difíciles de cobrar. “Si un importador no te paga y no estás protegido, hay poco que hacer. Si vamos a los tribunales simplemente con albaranes, facturas u otros documentos similares, casi no merece la pena intentarlo porque nos vamos a gastar mucho más que el importe de las facturas y las posibilidades de cobro son muy bajas”, lamenta  Luis Marijuán, profesor del Área Internacional de ESIC.

Para Francisco López Berrocal, director de la Cátedra Cash Management de IE Business School, “el problema de los procesos de reclamación judicial es la documentación: cómo son los contratos, sus cláusulas, etc. En muchas ocasiones ni siquiera existe un contrato y sólo se dispone de algún albarán, una factura, unos pasos de aduanas… Además, es un proceso complicado porque la reglamentación varía de unos países a otros, hay que referirse a tratados internacionales, tenemos que ver en qué tribunal se reclama, etc.  Y una vez que te metes en una situación judicial, el retorno no es elevado. Por regla general, todo el mundo prefiere un mal acuerdo a un buen pleito”. De hecho, el profesor de ESIC indica que menos de un 20% de las reclamaciones concluyen con la recuperación total de la deuda.

Esta internacionalización del comercio, y de sus deudas, obliga a quienes operan con Bitcoin en el tráfico de mercancías o servicios a tomar en consideración una serie de precauciones que le pueden garantizar la buena conclusión de un acuerdo.

  • Asegurarse de la solvencia del oferente, mediante una comprobación de la veracidad de lo ofrecido. Ejemplo: si la oferta es de servicios de abogacía, compruebe que quien se ofrece de abogado esté debidamente colegiado mediante una breve consulta en la web abogacia.es
  • Procurar que el oferente tenga domicilio fiscal en la Unión Europea, dado que en caso de impago podrá acudir al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo nº 1896 el 12 de diciembre de 2006 que establece el Proceso Monitorio Europeo.
  • Asegurar la entrega o la prestación mediante un servicio de mediación “a priori” (escrow comercial, certificación de Correos y Telégrafos en caso de envíos de paquetería u otros documentos expedidos por fedatarios públicos) o “a posteriori” (empresas o particulares que acepten la mediación arbitral o que tengan instrumentado un sistema de garantías para el cliente).
  • En el caso de servicios informáticos, es conveniente tener claro la identidad del titular y que la identidad de la web esté verificada.
  • En los casos en que la transacción se haga mediante el intercambio de correos electrónicos, es conveniente que los documentos que se intercambien estén firmados digitalmente por una autoridad de verificación.
También aprovechamos para desterrar un mito frecuente sobre el uso del Bitcoin. Esta criptomoneda es un instrumento que en lo esencial otorga anonimato en las transacciones financieras y es además un recurso que altera sustancialmente el sistema tributario, pero esto no otorga anonimato a quien adquiera un bien registrable o que adquiera un servicio mediante fórmulas que exijan la identificación de las partes. Por ello, es importante desconfiar de quien se escude en el anonimato a la hora de ofrecerle algo, igual que hay que desconfiar del panadero que sirve el pan encapuchado

Cómo usar el certificado de la FNMT desde Linux Mint 16

El año 2014 ha entrado con muchas novedades en el mundo administrativo en relación con las nuevas tecnologías. Con el apagón del papel del 2015, la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica ha realizado una serie de recomendaciones que la Agencia Tributaria ha absorbido al pie de la letra y ha aprovechado para profundizar su política de “rascar el fondo de la olla” en materia de recaudación. Han dado buena cuenta de ello autónomos y PYMES, que tendrán que presentar de manera telemática las liquidaciones posteriores al 1 de enero de 2014, a excepción del Modelo 190.

Si la declaración se realizase por otros medios diferentes a los telemáticos cuando exista la obligación de hacerlo por esta vía, la sanción consistirá en una multa pecuniaria de 1.500 euros, tal y como establece el el artículo 199.2 de la nueva redacción de la Ley General Tributaria.

Es por ello que es tiempo de ponerse las pilas en lo que a firma electrónica se refiere. Lamentablemente, y no por casualidad, la mayoría de los tutoriales que nos ofrecen las AAPP vienen adaptados al uso de Sistemas Operativos privativos, particularmente Windows, sin que haya instrucciones ni facilidades para aquellos que optamos por el Software Libre. Es otro de los favores que le hace la Administración a la corporación Microsoft, induciendo a los interesados a optar por este costoso, ineficiente y depredador marco tecnológico.

Linux Mint 16 para la Red Sara, la AEAT y la Oficina Española de Marcas y Patentes

La dificultad para este sistema operativo (muy útil para los que se han exiliado de Windows y quieren una migración tranquila) es que si bien tiene soporte para la máquina Java, ésta no viene preparada para los requisitos que nos exigen las AAPP españolas para firmar y presentar documentos. Vamos aquí a exponer un breve tutorial para que nuestro certificado raiz de la FNMT sirva para todas las Administraciones.

Paso 1: Descargar nuestra versión

Lo haremos desde este enlace y descargaremos la versión que se adapte a nuestro SO, es decir, 64 bits o 32. Las instrucciones que figuran a continuación son para la instalación de la versión Java 7 Update 7 (7u7).

Paso 2: Operaciones desde la terminal

Accedemos a la terminal como administradores y nos movemos al directorio en el que deseamos efectuar la instalación. Para ordenadores domésticos o de uso de pocas personas recomiendo /usr/local. Escriba:

  • cd <nombre de ruta de acceso del directorio>.

Por ejemplo, para instalar el software en el directorio /usr/local/, escribimos: cd /usr/local/

  • Movemos el archivo binario de almacenamiento .tar.gz al directorio actual.
Lo hacemos mediante el comando mv </directoriodondeestael.tar.gz/nombredelarchivotar.gz.> <directorio de destino>
  • Desempaquetamos el tarball e instalamos Java 

tar zxvf jre-7u7-linux-i586.tar.gz

Los archivos de Java se instalan en un directorio denominado jre1.7.0_07 en el directorio actual.

En este ejemplo, se ha instalado en el directorio /usr/local/jre1.7.0_07. Una vez hecho esto podemos suprimir el archivo tar.gz.

Paso 3: Configuramos Mozilla Firefox

Doy por entendido que tenemos ya instalados en nuestro navegador Firefox el certificado raíz de la FNMT y nuestra firma digital .pk12. Por ello vamos a configurar Firefox para que todo funcione correctamente.

  • Cerramos Firefox
  • Creamos un enlace simbólico al archivo libnpjp2.so en el directorio de plugins del explorador mediante el siguiente procedimiento:

Vamos al subdirectorio de plugins en el directorio de instalación de Firefox

cd <directorio de instalación de Firefox>/plugins

Y creamos el enlace simbólico

ln -s <Directorio de instalación de Java>/lib/i386/libnpjp2.so

Con esto podremos ingresar a la Sede Electrónica de prácticamente todas las AAPP.

El golpe a los pagos en especie, una buena noticia para el Bitcoin

Hace pocos días leíamos la noticia de una compañía irlandesa que ha optado por el pago parcial de salarios a sus empleados en Bitcoin. Según la noticia, esto viene siendo habitual en las empresas relacionadas con la tecnología y la informática, pero es un rubro poco o nada explorado en otros sectores económicos.

En España, para los casos de empleos en relación de dependencia lo más lógico es ubicar al Bitcoin como un pago en especie, pero los límites legales de éste más la nueva tributación introducida por el RD 16/2013, que incluye estos pagos en la base de cotización de la Seguridad Social, pareciera que esta modalidad no sea rentable para ninguna de las partes.

En cambio, los autónomos por cuenta propia o miembros de una sociedad (laboral, cooperativa, limitada, etc.) sí puede versen beneficiados por un tipo de remuneración en la que los márgenes de declaración son mucho mayores.

La alternativa Bitcoin

El Gobierno español continúa en una senda ultrarrecaudatoria incorporando a la base de cotización a la seguridad social una serie de remuneraciones que no formaban parte de la economía sumergida, pero que estaban exentas de tributación. El fundamento de estos pagos está fundamentado en la existencia de un “salario indirecto” que tiene como finalidad una descarga del activo de una empresa y una forma negociada de suplir una necesidad del trabajador.

Sin embargo, la nueva normativa implica una doble tributación: las empresas pagarán más en concepto de cargas sociales y los trabajadores más en concepto de IRPF.

¿Y si el salario o los pagos en especie se pagaran en Bitcoin?. Estarían exentos del cálculo en la base de cotización dado que en la actualidad no están regulados ni como formas de pago ni como bien. Incluso para evitar riesgos de aplicación del nuevo art. 109 de la Ley General de la Seguridad Social modificado por este Real Decreto, podría llegar a florecer una nueva actividad económica de empresas dedicadas a percibir Bitcoins de la casa matriz y distribuirlos entre los empleados en función de criterios de renta, cargas de familia, capacitación, etc.

No se trata de una huida a una economía sumergida, sino un regreso a una economía transparente, con transacciones públicas, y al margen del círculo recaudatorio de unos actores económicos que rompieron hace tiempo el contrato social que nos obligaba a aceptar su marco impositivo.

Cinco claves para ahorrar impuestos mediante el pago con Bitcoin

1-El pago con Bitcoin es una transacción P2P, independiente del valor fiscal del bien o servicio adquirido

El valor del Bitcoin, como sistema de intercambio comercial, tiene su origen en un pacto entre las partes. Éstas pueden intercambiar bienes por Bitcoins pactando libremente el valor atribuido a los mismos. Distinto es el valor fiscal de dichos bienes, que deberá ajustarse a las normas de mercado y defensa de la competencia.

2-El valor del Bitcoin en los indicadores más populares no es un valor fiscal

El tipo de cambio del Bitcoin en los mercados más conocidos (Bitstamp, E-Btc, etc.) no es un valor fiscal. El hecho de que cada tenedor de Bitcoins pueda elegir entre uno u otro mercado indica que es una elección libre de su titular, y su precio no es vinculante para la hacienda pública española. Un tenedor de BTC puede vender un Bitcoin a 1 céntimo de euro y, si bien estará perdiendo mucho dinero, será una operación que apenas tendrá trascendencia fiscal a pesar de que el valor conocido del Bitcoin sea mucho mayor. Simplemente, su vendedor tendrá que declarar ese incremento patrimonial de 0,01 €.

3-La compra en Bitcoin debe ser tenida en cuenta como medio de ahorro fiscal

El valor fiscal del bien y los bitcoins abonados deben ir por caminos diferentes. Para poner un ejemplo, un consumidor puede adquirir productos con BTC teniendo como precio de referencia al indicador Bitstamp, pero lo relevante a efectos fiscales es su valor real, que puede ser menor a los BTC`s entregados y que permite un margen de negociación y de ahorro en el IVA. El vendedor podrá reducir de manera importante la carga del IVA sobre sus productos y podrá ofrecer un bien a un precio más reducido, a costa de este ahorro fiscal.

4-El Bitcoin es, por ahora, una reserva de valor no sujeta a tributación

Su carácter anónimo e inembargable devuelve a la sociedad un principio original de justicia económica: el valor radica en los bienes que se pueden adquirir con Bitcoin, y no en los Bitcoin almacenados. Es un antídoto contra las maniobras especulativas y remite a una definición lógica del valor que contradice los fundamentos de la economía financiera basada en el dinero fiduciario o en los asientos contables.

5-Menos impuestos al consumo, más reactivación económica

El ahorro fiscal derivado de reducir los impuestos al consumo inevitablemente es un efecto multiplicador sobre el mismo, generando una reactivación en los rubros más afectados por la caída de los ingresos. Lo hemos sintetizado en LaBitcoinShop.com con este vídeo.

Ley antiblanqueo y control político: los bancos como agentes de la Ley

El bloqueo financiero a Wikileaks y la vigencia en España de la Ley Antiblanqueo reafirma la necesidad del protocolo Bitcoin para los movimientos sociales.

El insólito caso de la ONG “Mujeres entre mundos”, integrante de la Plataforma de Inmigrantes de Andalucía y cuyas cuentas fueron bloqueadas por recabar fondos con destino a un país “sensible” [1], es el mejor ejemplo de cómo las corporaciones financieras, al amparo de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales, pueden bloquear las cuentas y fondos de multitud de movimientos sociales que en el Estado Español destinan sus dineros a actividades que en el actual marco de conflictividad social pueden ser catalogadas por la entidad como “sospechosas”.

La peligrosidad política que encarna esta ley aprobada en 2010 ha pasado apenas desapercibida para la sociedad, y dicha peligrosidad reside en que se delega en las propias entidades financieras la facultad de bloquear aquellas operaciones o cuentas que según los bancos puedan ser sospechosas. Este procedimiento está caratulado en la ley bajo el eufemismo de “diligencia debida”.

Cómo opera el procedimiento

Esa sería la pregunta principal; pero la respuesta es que no existe en la práctica un procedimiento al que el usuario bancario pueda acudir en defensa de sus derechos. La terminología de la Ley es tan ambigua que permite bloquear por sospechosa cualquier transacción financiera, sin que exista criterio jurídico alguno al que acogerse o garantía legal que defienda al afectado. Ya no será una fiscalía o unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la que realizará dichas indagatorias, sino que será el propio banco el que actuará en calidad de agente de la Ley.

Las amenazas a la libertad de expresión que entraña esta medida son tan graves como inmediatas; esta ley es la rúbrica del poder que la oligarquía financiera mantiene en España. Pensemos solamente en la campaña que numerosos dirigentes políticos en el territorio ibérico llevan adelante contra los que participan en “escraches” a altos cargos institucionales o como ha ocurrido recientemente en la ciudad de Burgos, donde centenares de vecinos se han rebelado contra un proyecto urbanístico depredador de la vida social del histórico barrio de Gamonal. No debe haber ninguna duda que las entidades financieras van a ser el bastón procedimental en el que este marco descansará para eliminar la ayuda financiera necesaria para estas actividades.

Pensemos como un ejemplo la clásica cuenta corriente que se suele abrir en cualquier entidad financiera para ayudar económicamente a los afectados por un proceso sancionador, ya sea administrativo, sindical (las famosas “cajas de resistencia”) o penal. El peligro de cercenar la libertad de expresión mediante esta ley es ya una realidad en España.

El eterno problema: ¿quién mantiene el depósito de los fondos?

Por un lado, los depósitos bancarios españoles están sometidos a la legislación española, pero sin embargo, la dependencia de las entidades de estructuras financieras supranacionales, como lo pueden ser Visa o Mastercard, otorgan a estas un poder de control sobre las transacciones y los depósitos.

El ejemplo comentado arriba de esta ONG andaluza es cabal respecto a esta necesidad de empezar abordar un marco de transacciones no dependiente de la estructura financiera, por los peligros que entraña y porque el paso del tiempo ha demostrado ser un mecanismo de extorsión de las corporaciones económicas más poderosas.

El Bitcoin es una alternativa que tiene que empezar a ser meditada por quienes en España se plantean cambios sociales profundos. La inembargabilidad, su naturaleza P2P y la ausencia de intermediación financiera son elementos que hacen de este sistema de intercambio un elemento a tener en cuenta. Las criptomonedas basadas en este protocolo pueden ser almacenadas en cualquier dispositivo móvil o unidad de almacenamiento.

Wikileaks pudo sortear gracias al Bitcoin el bloqueo de cuentas realizado por las operadoras Visa, PayPal y Mastercard. Proyectos como el Freicoin permitiría a las casi 70 comunidades de moneda social españolas comunicar sus economías y tener un medio de intercambio. De igual manera ocurre con el proveedor de servicios Riseup o determinados servicios en la nube, que aceptan donaciones en Bitcoins.

El uso del Bitcoin (u otras criptomonedas basadas en su protocolo, de cotización más estable) permitiría sortear toda clase de embargos sobre la actividad social. Es una herramienta hoy desconocida para las mayorías y es una alternativa a la represión económica y frente a un concepto que ya ha instalado en España la trístemente célebre Ley de Seguridad Ciudadana: la “burorrepresión”.

1-http://www.elmundo.es/andalucia/2014/01/07/52cbce54ca4741762b8b456c.html

Kleopatra: Cifrado gráfico de archivos con PGP

Os presentamos Kleopatra, un software nacido del proyecto Agypten, que trabaja activamente en el desarrollo de medios gráficos para el cifrado con GPG.

Kleopatra es la herramienta de KDE para gestionar certificados X.509 y OpenPGP en los almacenes de claves GpgSM y GPG y es un estupendo elemento gráfico para cifrar carpetas y archivos desde Dolphin, el gestor de archivos predeterminado en el escritorio KDE en Ubuntu y Linux Mint, aunque también se puede utilizar en Debian.

Aparte, sirve para cifrar los correos electrónicos enviados desde el gestor Kmail. Pero lo que nos interesa con esta entrada es la utilidad de esta aplicación, que permite cifrar y proteger nuestros documentos con un solo click.

Os enlazamos aquí el Manual Oficial. Para cualquier consulta concreta, escribidnos un comentario.

Sinadura, el sistema de firma digital para Linux

Sinadura es un proyecto opensource orientado a ofrecer productos y servicios para la identidad digital y firma electrónica tanto para particulares como empresas y AAPP. Ofrece herramientas de software, servicios y soporte a la comunidad.

La herramienta más conocida del proyecto de llama Sinadura Desktop, que es una aplicación de escritorio multiplataforma líder en su mercado para la firma digital de cualquier tipo de archivo. El software garantiza la integridad, identidad y el no repudio en cualquier archivo, como pueden ser nóminas, contratos, facturas o certificaciones en archivos de texto, canciones en archivos de sonido o videoclips en archivos de vídeo.

Instalación

Hay que tener nuestra máquina java actualizada y descargar la opción que nos corresponda, ya sea 32 bits o 64 bits. Después, clicamos en el archivo descargado con nuestro botón derecho y abrimos con Java Runtime, donde comenzará el proceso de instalación.

Un error frecuente que no es bug:

Al incluir tu certificado software a sinadura, lo reconocerá sin problemas, pero en el momento en que cargues un documento para firmar es posible que salga este mensaje de error:

No ha sido posible obtener del certificado la URL para realizar la validación ocsp. Los documentos no se firmarán.

Esto suele ocurrir por ejemplo con los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). El acceso a los servidores de la FNMT para la validación de estos certificados están sujetos a una cuota, con lo que tendrás que deshabilitar la validación en Sinadura para poder proceder a firmar. Esto no afecta a la validez de la firma.

Para deshabilitar la validación, tendrás que hacerlo tal y como se expresa en esta imagen:

Una vez resuelto esto podrás firmar tus certificados sin problemas.

 

La prescripción en la declaración del IRPF

En el último año y medio se han acentuado las cartas de Hacienda a los contribuyentes que en ejercicios anteriores no hicieron la declaración de la Renta. Son situaciones específicas en las que Hacienda presume que los destinatarios de estos procedimientos están obligados a hacer declaración, y que además, tras incoar el oportuno expediente sancionador, la hacienda pública podrá recaudar algunos euros derivados de las sanciones y los intereses de demora.

Es habitual que el receptor de esta carta empiece a tiritar nada más abrirla, pues pueden ser muchos los motivos por los cuales no hubo declaración de la Renta y no siempre tiene que ver con una voluntad defraudadora. Pero el procedimiento normalmente es inquisitivo en los casos del llamado “procedimiento de verificación de datos”, y será por tanto el contribuyente el que tendrá que demostrar su “inocencia”.

Hacienda, en un ánimo eminentemente recaudador, está enviando cartas a todo el mundo: jubilados, fallecidos, herederos de fallecidos o incluso menores. Pero en el caso del IRPF se está dando una situación que, de conocerse en profundidad, puede ahorrarle un susto a muchos contribuyentes afectados, y es que muchos de los procedimientos de verificación de datos iniciados por la Agencia Tributaria se están haciendo sobre liquidaciones prescritas, lo cual quiere decir que legalmente Hacienda habría perdido el derecho de cobro sobre dicha declaración, por haber pasado el tiempo establecido en la propia Ley.

Según lo dispuesto en la Ley General Tributaria, la autoliquidación del IRPF tiene un plazo genérico de prescripción de 4 años, que empieza a contar desde el día siguiente a la finalización del período voluntario de presentación (por ejemplo el 1 de julio de 2013 prescribirá la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2008, ya que el período voluntario de presentación de la misma era el 30 de junio de 2009).

No obstante, hay que tener en cuenta esta salvedad: el art 68.1 a) de la Ley General Tributaria expresa cuándo se suspende el plazo de prescripción, a saber:

Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.


Si usted recibe en las próximas semanas una carta de Hacienda pidiéndole que aporte datos relativos a su declaración de la Renta del año 2008 (es decir, la que se declara en el 2009), sepa que es probable que dicha liquidación se encontraría prescrita, y por tanto, no tendría usted ninguna obligación con la Hacienda Pública. No obstante, siempre es recomendable consultar antes de nada con un especialista para estar más seguro.