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San Vicente de Paul administra un fondo de inversión inmobiliaria de 600.000 euros

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Protesta en Madrid contra la cesión de VPO’s a fondos buitre

La entidad, definida como Sociedad de carácter humanitario, benéfico y social, administra Bailallier Servicios Generales SL, una empresa con un capital social de 600.000 euros, dedicada según el Registro Mercantil a la adquisición, tenencia, administración, arrendamiento -incluido leasing inmobiliario- y explotación de bienes inmuebles, así como la adquisición, por cuenta propia, de valores mobiliarios. El apoderado y Vicepresidente de la entidad es un empresario que dirige una de las empresas asociadas por la Fiscalía Anticorrupción a la trama Púnica.

La empresa que administra la Sociedad de San Vicente de Paul, cuya sede social se encuentra en las proximidades de la sede del Banco de España de Madrid, es sin embargo una entidad fantasma dado que en dicha ubicación (C/Virgen de los Peligros 9) nadie sabe nada de ella. (más…)

14 de marzo de 2016

Los juzgados no pueden consultar libremente los antecedentes penales

Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid). Crédito: Wikimedia

Según el Supremo, si no hay un procedimiento penal de por medio, la consulta indebida puede implicar un delito de descubrimiento y revelación de secretos. El Alto Tribunal ha condenado a un juez de instrucción a este cargo por ordenar la consulta al Registro de Penados de los antecedentes penales de una persona a la cual no se le había incoado ningún procedimiento. (más…)

20 de octubre de 2015

Las escuchas ilegales anulan el procedimiento si son la única prueba en contra, según el Tribunal Supremo

Edificio del Tribunal Supremo. Crédito: Wikimedia

El Alto Tribunal ha estimado un recurso presentado por dos personas condenadas por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, en función de que la sentencia original, dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, tuvo en cuenta elementos obtenidos de escuchas telefónicas declaradas ilegales, todo ello a pesar de que incluso los recurrentes negaron o guardaron silencio al respecto de su participación en los hechos.

Sin embargo, el Supremo introduce un criterio importante para valorar si esas pruebas anuladas contaminan toda la causa: la regla de la conexión. En el caso ventilado, el Supremo falla a favor del condenado, porque entiende que el relato de la condena toma elementos de prueba obtenidos a partir de las propias escuchas anuladas y otorga valor probatorio a los silencios en la declaración de los dos recurrentes.

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1 de octubre de 2015

Phishing: recibir dinero sin preguntar puede suponer un delito de blanqueo de capitales

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de una persona por un delito imprudente de blanqueo de capitales al recibir dinero de origen desconocido, pero que debía haber advertido su procedencia probablemente ilícita.

Se trata de una condena derivada de la práctica del phising o robo de datos a partir de falsas interfaces de entidades bancarias, los cuales se obtienen enviando al afectado un correo electrónico solicitando que introduzca nuevamente claves y datos de acceso a sus cuentas de banca personal. (más…)

23 de septiembre de 2015

Más ley mordaza: la Ley Antiterrorista se endurece con la reforma de la LECrim

Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior español. Crédito: Wikimedia

Entre las novedades menos comentadas sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recientemente aprobada por el Senado, es que se fijan nuevos plazos máximos de detención. El nuevo marco temporal queda fijado en un máximo de hasta 10 días de plazo de detención incomunicada para delitos de terrorismo o realizados por organizaciones criminales.

De esta manera, la reforma impulsada por el Gobierno elevará el plazo de detención incomunicada a cinco días que, en el caso de personas investigadas por delitos de terrorismo y personas integradas o relacionadas con bandas armadas, podrán prorrogarse hasta cinco más y alcanzar los diez. El propio Gobierno español ha reconocido que con la vieja redacción, la detención incomunicada se utilizó en el 8% de los casos de las detenciones por estos motivos entre 2013 y 2015. ¿Cómo justifica entonces el Gobierno esta medida? (más…)

10 de septiembre de 2015

[Infografía] La otra ley mordaza: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal

La semana pasada, el Senado devolvió al Congreso de los Diputados los dos proyectos de Ley (uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria) que modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tiene como finalidad «agilizar la justicia penal, fortalecer las garantías procesales del investigado, establecer un nuevo marco procesal del decomiso y regular las medidas de investigación tecnológica«.

Una reforma que establece normas más restrictivas para la investigación de causas complejas en las que intervienen una pluralidad de imputados (que ahora pasarán a llamarse investigados), características de los macroprocesos y de los grandes delitos económicos. Incluye también un paquete de medidas relacionadas con la vigilancia y el espionaje electrónico de personas investigadas que abre la veda, por su ambigüedad, a todo tipo de interpretaciones policiales. (más…)

7 de septiembre de 2015

Dilaciones indebidas: ¿cómo valorar esta atenuante?

En un procedimiento relativo al menudeo de droga, el Tribunal Supremo ha corregido la interpretación que muchos juzgados hacen de la sobrecarga de trabajo de los juzgados penales. La sentencia recurrida no tuvo en cuenta la dilación en la tramitación del procedimiento «debido a la sobrecarga que sufren los órganos judiciales en su normal discurrir«, algo cuyas consecuencias en ningún caso pueden recaer en el imputado. (más…)

27 de agosto de 2015

¿Cuándo corresponde la solicitud de habeas corpus?

Según el Tribunal Constitucional, el derecho de habeas corpus es frecuentemente incumplido por el poder judicial. Una sentencia de febrero de 2014, ventilada en ocasión de la detención por una denuncia de violencia de género, admite que «el frecuente incumplimiento que este Tribunal puede observar es grave», ya que a juicio del mismo priva al detenido de un instrumento esencial para garantizar la legalidad de la detención. (más…)

26 de agosto de 2015

El Supremo reflota la validez, atenuada, de las confesiones en Comisaría

La Audiencia Provincial de Málaga, en abril de este año, había estimado como hechos probados la participación de los imputados en un robo con violencia en una empresa el día de cobro de los empleados. En el momento del asalto, uno de los condenados disparó en varias ocasiones contra el dueño de la empresa en el brazo y las piernas causándole lesiones graves.

Los acusados, que no habían ratificado en el juzgado lo que previamente habían declarado en Comisaría, abrieron el melón de la validez como prueba del relato realizado ante los agentes: según el Alto Tribunal, éste es válido si no se vulneraron sus derechos, y para confirmar este extremo será suficiente el testimonio de los agentes que los interrogaron. (más…)

5 de agosto de 2015

¿Cuál sería la reacción judicial ante un Wikileaks español?

Alemania ha imputado a un diario digital el delito de «traición a la patria» por publicar documentos filtrados que detallan proyectos oficiales de vigilancia masiva de su gobierno. Últimamente nos hemos acostumbrado a la polémica de las filtraciones; inclusive, el portal Filtrala.org ofrece un sencillo sistema de entrega anónima de documentos o información de aquellos que quieren preservar su anonimato.

Ahora bien, ¿qué le hubiera ocurrido a Chelsea Manning si hubiera sido militar del ejército español?, ¿qué le ocurriría a un bloguero o a un medio comercial que publicara archivos sustraídos de la Comisaría General de Información o cualquier otro documento considerado «información clasificada«?, ¿qué alternativas tienen los «whistleblower» (soplones)?. (más…)

31 de julio de 2015