La regulación española sobre el mercado del alquiler impide que los órganos judiciales entren a valorar el llamado «objeto principal del contrato», esto es, el precio o plazo de los contratos de alquiler, elemento al que se han agarrado los grandes fondos de inversión para alzar los costes de los arrendamientos, aspecto además que ha quedado fuera de la llamada «Ley de Vivienda».
Esto implica que las subidas injustificadas de las rentas de alquiler a la hora de renovar los contratos están completamente fuera de control, aún cuando las partes que suscriban la renovación sean exactamente las mismas (fraude de ley). (más…)