Operación Alamín: cómo San Vicente de Paul se apropió de 96 VPO’s

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La barriada de Operación Alamín, conocida más por la entidad que la administra actualmente, es una de las zonas más castigadas de Guadalajara. Las 96 viviendas, construidas en la década del 60 mediante subvenciones, créditos de la banca pública y donaciones, tenían como destino dar vivienda en propiedad a las familias adjudicatarias que a finales de la década de 1950 vivían en las cuevas de lo que es hoy el Parque Lineal o que podían acreditar falta de vivienda

Los beneficiarios, muchos de ellos ex presos políticos de la dictadura o ex prisioneros de guerra que incluso necesitaban un informe policial favorable para ingresar al proceso de adjudicación, accedieron a ellas con la premisa de que una vez abonadas las cuotas de los préstamos de su construcción, en los que ellos estaban subrogados, serían dueños de las mismas.

Desde 1996, la Sociedad de San Vicente de Paul, ostenta la propiedad ilegítima de esos inmuebles y ha intentado por todos los medios borrar el rastro de las familias adjudicatarias mediante desalojos forzosos y desahucios. La zona está signada por la suciedad, el menudeo y el abandono estructural y arquitectónico. La tutela de San Vicente de Paul le permite a ésta ofrecer una imagen caritativa, fuente de subvenciones y patrocinios, que le permite entre otras cosas administrar un fondo buitr…perdón, fondo de inversión inmobiliaria que es caso único en España.

El almacenamiento de la pobreza

Si usted pregunta a cualquiera de los activistas de esta entidad religiosa “¿de quién son estas viviendas?”, todos le responderán al unísono: “son nuestras”, “nos las donaron”, “las administramos para los pobres”. Ninguno le proporcionará información sobre que, por ejemplo, estas viviendas son según su escritura viviendas de protección oficial; que fueron construidas con subvenciones estatales a fondo perdido o que los adjudicatarios debían tener ya su título de propiedad. Nada de eso: con la excusa de dar “solución habitacional” el barrio se ha convertido en un almacén de necesitados que son ubicados en inmuebles que tienen ya la característica de infraviviendas: bloques sin luz, canalizaciones y cableado en mal estado, humedades estructurales, etc.

Pero hay algo peor: si usted acude a la Delegación Provincial de la JCCM (organismo que absorbió las antiguas competencias estatales en materia de vivienda) y pregunta por el expediente GU-VS-3/61, raudos le remitirán a la Sociedad de San Vicente de Paul. Está claro que el concepto “transparencia” no parece estar en agenda de los paúles y quien quiera recomponer las piezas del puzzle deberá hacer un recorrido por archivos, organismos y fuentes de información que permitan reconstruir unos documentos que alguien se ha encargado de hacer desaparecer.

Archivo General de la Administración, Ministerio de Fomento, Archivo Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Castilla-La Mancha han sido los organismos desde los cuales hemos podido reconstruir el origen de toda una apropiación indebida.

  1. Año 1961-Resolución por la que el Ministerio de la Vivienda concede a San Vicente de Paul subvenciones para la construcción de las 96 viviendas.
  2. Año 1965-Diferentes problemas en la ejecución de las obras hacen que los promotores soliciten una prórroga en los plazos de terminación, habiendo ya tres de los cuatro bloques terminados y con cédula de calificación definitiva.
  3. Año 1996-Se paga la última cuota de los créditos del extinto Instituto del Crédito para la Reconstrucción Nacional. De acuerdo al régimen de acceso a estas viviendas, la propiedad de los adjudicatarios se consolidaría tras el pago de estos.

1996: comienzan los desalojos

En condiciones normales, la Sociedad de San Vicente de Paul, tras el pago de estos préstamos debería haberse comunicado con los adjudicatarios y hacer el sencillo trámite de transferencia de la titularidad del inmueble, al haberse cumplido el requisito del pago de los créditos que pendían sobre esos bloques de viviendas. Pero no fue así.

Los adjudicatarios, muchos de ellos gente mayor sin conocimiento de los derechos que tenían sobre esos inmuebles, siguieron pagando sus cuotas hasta el último día de su vida. Los que fallecieron lo hicieron sin saber que esas casas ya eran suyas; y lo demás lo hizo la Sociedad de San Vicente de Paul.

El régimen de vivienda protegida del franquismo era sin duda peculiar, ya que si bien el adjudicatario sería en algún momento dueño de ese inmueble, mientras durara el régimen de protección, la ocupación estaría asimilada a un alquiler. En síntesis, el beneficiario pagaba una cuota durante X años, y cuando se terminara de pagar el préstamo pasaría a ser dueño de esa casa; pero si por algún motivo la abandonaba, perdería cualquier clase de derecho sobre ella.

Y éste ha sido el hueco por el cual San Vicente de Paul ha podido apropiarse de esas viviendas. Cuando un adjudicatario fallecía no constaba en ningún sitio el derecho de propiedad al no haberse realizado la transferencia, con lo cual sus hijos o nietos carecían ya de cualquier derecho, y a quien pedía alguna explicación se le espetaba que lo que tenía el fallecido era un alquiler que por supuesto no constaba en ningún sitio. No hay que olvidar que en ese momento el alquiler de VPO’s estaba fuertemente controlado, y cualquier alquiler de éstas debía estar autorizado por el Ministerio de la Vivienda; ni se moleste usted en intentar encontrar esa autorización.

De esta manera, San Vicente de Paul lleva ya apropiadas y bajo su control 79 viviendas de las que ha ido desalojando a los adjudicatarios, incluso con asustaviejas de por medio. Y las 17 restantes son las del grupo de espartanos que resisten a las amenazas de desalojo.

¿San Vicente de Paul administrando un fondo buitre?

En las viviendas en las que la entidad religiosa ha recuperado el control de las mismas, los paules han formalizado con los nuevos inquilinos contratos privados de arrendamiento cuya recaudación no se declara en ningún sitio. De esta manera, se trae una fuente de ingresos no declarados de los que poco podemos saber.

El estado de esas viviendas es visiblemente ruinoso y con fama en la ciudad. La acumulación de basura y el pequeño menudeo está a plena luz del día, pero no parece que esto sea fuente de preocupaciones para los paules. A mediados de mayo de 2014, varios inquilinos de estas viviendas acumulaban ya problemas de pago; hay que pensar que el castigo de la crisis en este barrio es todavía peor. En esas fechas ya corría la voz de que esos inmuebles habían sido vendidos, pero lo cierto es que el Registro de la Propiedad no mostraba ninguna alteración. No obstante en 2004 la entidad intentó vender varias unidades habitacionales, aparentemente sin éxito.

Sin embargo, una investigación patrimonial de este año hecha desde aquí permitió conocer un dato insólito: la Sociedad de San Vicente de Paul es administradora única de un opaco fondo de inversión inmobiliaria, de capital francés, llamado Bailallier Servicios Generales dedicado según el registro mercantil a la “adquisición, tenencia, administración, arrendamiento -incluido leasing inmobiliario- y explotación de bienes inmuebles, así como la adquisición, por cuenta propia, de valores mobiliarios.” En otras palabras, un fondo buitre que los paules administran desde febrero de 2014.

No obstante siguen percibiendo subvenciones y siguen presentándose ante la sociedad tal y como dicen desde su web promocionando “La formación, el crecimiento espiritual y la fraternidad de las personas que lo componen y la ayuda a las personas más necesitadas“. El fantasma de la especulación también planea sobre esas viviendas, pero claro, con la Iglesia hemos topado.

 

PD: Un agradecimiento a Raquel, que desinteresadamente me señaló por donde investigar y que sin su ayuda hubiera sido imposible.

Diego Herchhoren

Diego Herchhoren

Abogado especializado en Derecho Internacional Público latinoamericano por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED) y Debian System Linux Engineer por la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina). Actualmente es colegiado ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y abocado al uso de software libre en las Administraciones Públicas.
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Diego Herchhoren

Abogado especializado en Derecho Internacional Público latinoamericano por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED) y Debian System Linux Engineer por la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina). Actualmente es colegiado ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y abocado al uso de software libre en las Administraciones Públicas.

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