La preservación del patrimonio: el procedimiento para evitar los crímenes urbanísticos

Iglesia de San Martín de Tours, Frómista (Palencia). Crédito: Hispania Nostra
Iglesia de San Martín de Tours, Frómista (Palencia). Crédito: Hispania Nostra

Las aberraciones constructivas a las que ha sido sometido el paisaje urbano español en las épocas de la burbuja inmobiliaria son bastante conocidas. Todos tenemos en nuestra ciudad un monstruo arquitectónico que ha pasado a formar parte de esas construcciones que han desnaturalizado la vida urbana. Ahora bien, ¿estamos interiorizados de las fórmulas que existen para preservar la arquitectura de nuestras ciudades y pueblos?

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“No admitido” en el aeropuerto: ¿qué se puede hacer?

Aeropuerto de Barajas. Crédito: Flickr.
Aeropuerto de Barajas. Crédito: Flickr.

La “sala de no admitidos” de los aeropuertos europeos es una dependencia de un organismo policial en la que son recluidas aquellas personas cuya entrada ha sido rechazada por las autoridades migratorias. En España, esta competencia la tiene el Cuerpo Nacional de Policía, y su actuación consiste en elaborar una tramitación sumaria para la expulsión de la persona. Son situaciones traumáticas en cualquier aspecto, pero quizá lo más grave sea el verse inmerso en algo muy similar a una privación de libertad por una decisión administrativa. No obstante, veamos qué herramientas tenemos para enfrentarlo. Continue reading “No admitido” en el aeropuerto: ¿qué se puede hacer?

Las multas de la Administración, ¿se pueden anular sin celebrarse juicio?

No han sido una ni dos ni tres veces las que se nos han presentado situaciones en las que, procedimientos sancionadores de la administración se encuentran en un estado de trámite tan avanzado que prácticamente es imposible darles la vuelta.

Bien por dejación o por la falsa creencia de que la vía administrativa no tiene importancia y que “ya lo resolveremos en el Juzgado”, se ejecutan sanciones económicas que con un tratamiento correcto desde el primer momento, pueden librarnos de un gravoso problema. Nos referimos a las multas relacionadas con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, con ordenanzas municipales o con normativas específicas autonómicas o tributarias, donde un buen abordaje en vía administrativa nos puede ahorrar unos cuantos disgustos.

Debemos saber que…

La Administración, en cualquiera de sus ámbitos (local, autonómica, nacional, etc.) tiene atribuida una potestad sancionadora (RD 1398/1993), que junto a la autotutela ejecutiva, son los dos fundamentos esenciales de toda esa panoplia de multas y sanciones administrativas.

La base material de la mayoría de estas sanciones es el privilegio que tienen los documentos públicos y las declaraciones de funcionarios revestidos del papel de agentes de la autoridad (policías, agentes forestales, inspectores, etc.); que es importante recordar que no es una presunción absoluta, sino que invierte la carga de la prueba, obligando al administrado a demostrar la ausencia de responsabilidad de los hechos imputados (STS 18/12/1991). Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es lo que condicionará el resto del procedimiento.

Nos llega la primera comunicación de multa, ¿y ahora qué?

Para defendernos en un procedimiento administrativo sancionador, tenemos que pensar en lo mismo que haríamos si tuviéramos un juicio por cualquier otra cosa. Alguien nos ha denunciado (la Administración), nos imputa hechos que entendemos son injustos o inciertos (una multa de aparcamiento, una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana…), y tenemos que aportar elementos en nuestra defensa.

Si un particular denuncia a otro particular, y no aportara ninguna otra prueba que su declaración, cualquier juez archivaría dicha denuncia por falta de pruebas, pero cuando quien nos denuncia es un funcionario con la condición de agente de la autoridad, opera la presunción de veracidad que hablábamos arriba: tenemos que demostrar que no somos culpables, ya que en caso de que nos opongamos sin aportar nada, acabaremos sancionados.

Y aquí es donde entra nuestra actividad probatoria: debemos proponer toda aquella prueba que sirva para desvirtuar lo argumentado en la denuncia y en la posterior ratificación, desde testigos, videofilmaciones, documentos, y demás pruebas admitidas en Derecho.

Cuando la Administración nos termina ayudando

A partir de la crisis y el incremento del ánimo recaudatorio de las administraciones públicas, ha habido una generalización de las multas que únicamente se basan en esa presunción y no aportan ningún otro elemento probatorio.

Por nuestra parte, hemos solicitado la práctica de pruebas íntima y visiblemente relacionadas con el hecho denunciado, pero la Administración, sin hacernos demasiado caso y sin responder a nuestras alegaciones o respondiendo con frases genéricas, termina resolviendo que somos culpables.

Sin embargo esta arbitrariedad le puede costar cara a la Administración, ya que nos habilita sin demasiadas dificultades a recurrir judicialmente y sin necesidad de vista, por dos motivos:

  1. Cuando un procedimiento administrativo sancionador se hace sin la debida prueba de cargo, esto es entre otras cosas, no contemplar los medios de defensa del administrado y basar la resolución en la presunción de veracidad de las declaraciones de los agentes de la autoridad, incurre en una posible nulidad absoluta. Ver:
    • Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990 por la que se determina que la consideración de documento público de las actas en un ámbito en el que intervienen funcionarios revestidos de la condición de agentes de la autoridad, solo hace prueba del hecho denunciado y no de la veracidad de lo manifestado en dicho documento.
  2. Porque cuando se acredita una situación de indefensión en vía administrativa, esta no puede ser luego subsanada en el proceso contencioso-administrativo, siendo precisamente la función de este orden jurisdiccional analizar en nuestro caso si la Administración respetó las garantías del administrado. Ver:
    • Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1990 por la que se establece que entre el procedimiento administrativo y el proceso contencioso-administrativo no existe un continuum, en el que la indefensión producida en ese momento pueda subsanarse en otro sino que el primero es cualitativamente distinto del segundo.

Vistos estos elementos, podremos acudir al orden jurisdiccional contencioso-administrativo y solicitar la excepción del artículo 62 y 78.3 de la LJCA, en la que no hará falta la celebración de juicio (excepto que haya oposición de la Abogacía del Estado), por la evidencia de que los elementos que se discuten en el recurso interpuesto, esto es la ausencia de garantías en la fase administrativa, está ya documentada y no hará falta recibimiento a prueba, ahorrándonos meses o incluso años en la resolución final del hecho denunciado y con una alta probabilidad de éxito, pero redundando en que debemos solicitar tantas pruebas sean necesarias en vía administrativa para que este camino procesal dé sus frutos.

 

La Policía Nacional no te puede pedir el IMEI en la calle

Según informa el diario El Confidencial Digital, en varios puntos de la Península, agentes del Cuerpo Nacional de Policía están llevando a cabo controles en la calle donde al ciudadano afectado se le solicitan dos cosas: su DNI y el teléfono móvil a efectos de comprobar si su IMEI corresponde a un teléfono robado.

Bien, quien se vea afectado por esta práctica debe saber que se trata de una práctica completamente ilegal. La Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones no regula expresamente cómo será el régimen de cesión de los datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que entonces su protección descansa sobre la Ley de Protección de Datos.

La Sentencia del Tribunal Supremo 4152/2013, parece aclaradora al respecto. La misma argumenta que para la intercepción del número de IMEI no es necesaria autorización judicial, pero para cruzar y obtener los datos de su titular, sí:

La captura de estos I.M.S.I. o I.M.E.I. no precisa de previa autorización judicial“.

Esta Ley [de Protección de Datos] dispone que la recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad (art. 22.2)

La recogida y tratamiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los datos, a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7, podrán realizarse exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación, concreta, sin perjuicio, del control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de resolver las pretensiones formuladas en su caso por los interesados que corresponden a los órganos jurisdiccionales” (art. 22.3)

Entiende el TS que el IMEI es un dato en poder de las operadoras y cuya titularidad corresponde a éstas. La obtención masiva de éstos datos sin el consentimiento de sus titulares y/o afectados constituye una infracción al art. 22 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos, y más aún el hecho de llevar a cabo, y aquí sin orden judicial, las actividades indagatorias que permitan asociar un IMEI a una identidad determinada sin que ésta se haga en el marco de una investigación criminal o en referencia a un hecho penalmente relevante.

Es importante que sepas que puedes negarte a entregar el teléfono móvil y, en caso de denuncia administrativa, esgrimir las argumentaciones que expresa el Tribunal Supremo en la mencionada sentencia.

La prescripción de las multas de estacionamiento regulado de Madrid

El Servicio de Estacionamiento Regulado (S.E.R.) es uno de los instrumentos recaudatorios del Ayuntamiento de Madrid que más recauda y que menos transparencia ofrece en su contabilidad. Según la entidad municipal, dicho sistema permitió ingresar en 2012 más de 76 millones de euros, de los cuáles 73 se pierden en concepto de gastos e ingresos para las empresas que participan de la gestión del servicio.

Aparte, y según Automovilistas Europeos Asociados, solo 1 de cada 3 multas que se emiten en la capital española se llega a cobrar, ya que el 66% tienen defectos de forma y errores en su tramitación que, formuladas las oportunas impugnaciones, terminan dando la razón al contribuyente.

El caso de los parquímetros es paradigmático de esta actividad, que ha terminado siendo un mero instrumento recaudatorio y no una política de administración del tráfico rodado en la capital madrileña.

Uno de los aspectos que más relevancia debe dársele a la hora de enfrentar una multa del S.E.R. es cuestiones de forma. Estas sanciones son normalmente infracciones leves cuyo régimen sancionador está sometido a lo dispuesto en el art. 92 de la L.S.V.: si desde el día que te dejaron el papelito en el limpiaparabrisas hasta que se te notificó pasaron más de 3 meses, el tiempo te habrá dado la razón, dado que la sanción estaría prescrita. Y si la sanción es por un motivo grave o muy grave, el plazo se extiende a los 6 meses.

Pero esto no quiere decir que el Ayuntamiento no siga con el procedimiento. Lo normal de hecho es que aunque pienses que te libraste de llevar a cabo papeleos y alegaciones, seguramente serás notificado de que el procedimiento continúa. Lo cierto es que la Administración busca recaudar, por lo que, en vía administrativa, lo más probable es que insistan en cobrarte la multa y tengas que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para que resuelva a tu favor.

También hay que estar atento al TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico) de la DGT, ya que lo más probable es que seas notificado por este medio, tenga o no tenga vicios la sanción. Si usas habitualmente el coche por Madrid, no está de más darse un paseo y teclear nuestra matrícula un par de veces por mes en su buscador.

En síntesis, las multas del S.E.R. pueden ser tumbadas, pero no te vas a librar de un insufrible y farragoso papeleo.