Una corporación armamentista contando los votos de Unidos Podemos

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Sede de Indra, empresa contratista del Estado en materia de seguridad y defensa. Crédito: Wikipedia
Sede de Indra, empresa contratista del Estado en materia de seguridad y defensa. Crédito: Wikipedia

El sistema de e-counting patentado por Indra es según sus desarrolladores una solución basada en el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que permite el “recuento automático de papeletas o actas electorales, basado en la digitalización de las imágenes e interpretación de las mismas“. La inexistencia de una fiscalización o auditoría tecnológica de un sistema de e-counting permite a la empresa proveedora alterar todos los resultados electorales.

Se trata de un sistema que ya ha dado serias muestras de falta de veracidad. El grupo de trabajo británico Open Rights Group recordó que desde hace años los sistemas de voto o recuento electrónico no auditados son una auténtica “caja negra de votos”, parafraseando así a la investigación realizada por el consultor Bev Harris sobre los riesgos de fraude en la intervención de las empresas IT en procesos electorales.

La frase de Pablo Iglesias que afirmaba que el riesgo de pucherazo en España es materialmente imposible no solo es incierta, sino que deja en bandeja que los administradores del sistema electoral electrónico hagan y deshagan sin que los electores se enteren.

Sin auditoría, el sistema es alterable

Todos los usuarios de un ordenador tienen en mente los riesgos de seguridad que existen en la transmisión de los datos que pasan por él. Los sistemas de votación y de cómputo electrónico no son diferentes. Una de las características propias del robo de datos o su alteración por medio de artificios informáticos parte de la premisa de que el usuario o víctima no debe enterarse de esta operación. El hackeo de servidores o de almacenes informáticos se practica mediante un problema de seguridad que el usuario o responsable del ordenador no ha podido detectar.

Esto ocurre principalmente en las empresas que utilizan software patentado. El uso de software no sujeto a auditorías públicas normalemente se hace en función de la necesidad de la empresa de que otras competidoras no copien o reproduzcan ilegalmente el software de su invención. Aplicada esta lógica a los procesos de recuento electrónico de votos supone que cualquier fallo o alteración del código fuente que afecte a los resultados electorales no será percibido correctamente por los usuarios del sistema, esto es, partidos políticos, votantes, candidatos, etc.

El e-counting es un instrumento de fraude

Amy Goodman, editora de Censored Project, una iniciativa que estudia las noticias más censuradas por las corporaciones mediáticas norteamericanas, decía: “George Bush pudo ganar las elecciones presidenciales cabalgando sobre un fabuloso fraude tecnológico de las corporaciones que fabrican las máquinas electrónicas de votación, que a la vez proveen al gobierno -vía Pentágono- con lucrativos materiales y equipos para su guerra en Iraq. Lo que hasta ayer parecía ciencia ficción, hoy se presenta más real que nunca: las computadoras están habilitadas para elegir ellas en vez de los ciudadanos, en una doble jugada en favor de las ganancias corporativas y el poder político, o sea, “la democracia”. Ésta fue la sexta noticia más censurada por el gran tinglado mediático corporativo y detectada sólo en algunos medios alternativos por el Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de Santa Cruz, California.

España es sin duda un país en el que el poder económico ha dedicado enormes esfuerzos en borrar la memoria. En el año 2010, una consulta realizada por el Ayuntamiento de Barcelona sobre las obras de ampliación de la Diagonal, fue adjudicado a INDRA. En aquella ocasión, las juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya demostraron con un irónico vídeo cómo pudieron suplantar la identidad de la Infanta Cristina en la votación.

El caso de Iniciativa Internacionalista en 2009

La ausencia total de una auditoría independiente de estas empresas convierte el resultado de las elecciones en un acto de fe en la autoridad que los proclama. En el año 2009, la candidatura Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos impugnó los resultados de aquellas elecciones europeas donde su denuncia estaba vinculada a la intervención de esta empresa. En aquella ocasión se registró un aumento significativo del voto en blanco, esto es 125.165 votos blancos más que en las elecciones europeas de 2004, cuestión sin duda anormal ya que ninguna fuerza política había hecho un llamamiento en ese sentido.

Las anomalías más graves que esta candidatura pudo detectar fundamentalmente en el País Vasco, donde también se percibía un aumento anormal respecto a los  votos nulos, siendo que en el año 2004 se registraron 154.209 votos nulos, de los cuales 113.000 pertenecen a los atribuidos para la candidatura ilegalizada Herritarren Zerrenda, opción que impulsó la izquierda abertzale. Es decir, existieron 42.000 votos nulos que no correspondían con HZ y que podríamos decir que son votos nulos técnicos. En 2009 se registraron 98.079 votos nulos, 50.000 votos más de lo normal.

La conclusión que planteó en aquel momento la portavoz de la candidatura, la abogada Doris Benegas, era que había una parte del proceso de recuento que, de manera automatizada, había asignado votos de Iniciativa Internacionalista a otras formaciones.

Una corporación armamentista contando los votos de Unidos Podemos

Igual que en EEUU muchas empresas del lobby armamentista han contribuido, financiado e instrumentado las máquinas de votación que han permitido victorias electorales de los partidos a los que contribuían a su financiación, en España la situación no es muy diferente.

INDRA, empresa concesionaria del sistema de e-counting de las elecciones del 26 de junio, es sin duda un hermano menor de los escándalos que otras empresas del rubro protagonizaron en el país norteamericano. Al igual que las contratistas de Defensa Election Systems & Software (ES&S), Diebold y Sequoia son las compañías primariamente involucradas en poner en marcha las nuevas tecnologías de votación en EEUU, INDRA es una empresa investigada por la Audiencia Nacional por pagar mordidas a cambio de contratos públicos, estableciendo una relación de enorme complicidad entre ésta y los diferentes gobiernos de turno. Si bien últimamente se ha vinculado a INDRA con la trama de financiación ilegal del PP, el PSOE tampoco está libre de pecado.

A esto hay que sumar que la empresa tiene la certificación PECAL, que es la acreditación como proveedor armamentista de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y por tanto sus perspectivas de negocio están vinculadas inexorablemente a que la política exterior y de defensa española siga igual que antes.

La parte lamentable: Iglesias y Garzón se comen el guiso

Unos mimbres como estos deberían alarmar a todos los militantes y simpatizantes de Podemos e Izquierda Unida. Debería ser motivo de profundos debates y preguntas que permitieran poner en duda la validez de un sistema que no controlan y que, al igual que ocurre con prácticamente con todos los ámbitos de la política española, no deciden absolutamente nada (siendo éste precisamente el motivo que los impulsó a militar y votar a Unidos Podemos).

Pero nada de eso ha ocurrido. El líder de Podemos, durante la opinión que realiza habitualmente para introducir el debate de su programa Fort Apache, excluyó la hipótesis del fraude porque, dice, “es impensable en un país como España”. Esto se traduce inevitablemente en que la opacidad del sistema va a continuar. En el caso de Alberto Garzón, todavía esperamos alguna reflexión.

Gracias a Podemos, el sistema puede tirar unos años más.

 

 

Diego Herchhoren

Diego Herchhoren

Abogado especializado en Derecho Internacional Público latinoamericano por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED) y Debian System Linux Engineer por la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina). Actualmente es colegiado ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y abocado al uso de software libre en las Administraciones Públicas.
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Diego Herchhoren

Abogado especializado en Derecho Internacional Público latinoamericano por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED) y Debian System Linux Engineer por la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina). Actualmente es colegiado ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y abocado al uso de software libre en las Administraciones Públicas.

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