Caso Wanninkhof: cómo interpreta el Tribunal Supremo las indemnizaciones por error judicial

Edificio del Tribunal Supremo. Crédito: Wikimedia
Edificio del Tribunal Supremo. Crédito: Wikimedia

El máximo órgano judicial español dictó el pasado 21 de julio una sentencia en la que se deniega la indemnización por error judicial a Dolores Vázquez, la inicialmente acusada por el crimen de Rocío Wanninkhof, y de la que posteriormente se demostró había sido víctima de un andamiaje mediático y judicial que la condenó sin pruebas solventes. Fue la coincidencia de un crimen similar (el caso de Sonia Carabantes) lo que permitió que su proceso se revisara y terminara siendo excluida de responsabilidad.

El Supremo, en una rebuscada sentencia, ha denegado el derecho a una indemnización basándose en un supuesto y muy discutible error de procedimiento, que incluso ha tenido el voto particular contrario de la jueza Margarita Robles. Si bien esta sentencia probablemente será recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, merece la pena un repaso rápido de la misma para aquellos que puedan encontrarse ante situaciones similares. Continue reading Caso Wanninkhof: cómo interpreta el Tribunal Supremo las indemnizaciones por error judicial

El embargo de beca al estudio: se puede pero no se puede

Ciudad Universitaria de Madrid. Crédito: Wikipedia
Ciudad Universitaria de Madrid. Crédito: Wikipedia

En tiempos de crisis, es una pregunta habitual: “me encuentro embargado por impago de infracciones administrativas pero soy beneficiario/a de derecho de beca, ¿me la pueden embargar?”. Veamos las respuestas. Continue reading El embargo de beca al estudio: se puede pero no se puede

Las multas de la Administración, ¿se pueden anular sin celebrarse juicio?

No han sido una ni dos ni tres veces las que se nos han presentado situaciones en las que, procedimientos sancionadores de la administración se encuentran en un estado de trámite tan avanzado que prácticamente es imposible darles la vuelta.

Bien por dejación o por la falsa creencia de que la vía administrativa no tiene importancia y que “ya lo resolveremos en el Juzgado”, se ejecutan sanciones económicas que con un tratamiento correcto desde el primer momento, pueden librarnos de un gravoso problema. Nos referimos a las multas relacionadas con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, con ordenanzas municipales o con normativas específicas autonómicas o tributarias, donde un buen abordaje en vía administrativa nos puede ahorrar unos cuantos disgustos.

Debemos saber que…

La Administración, en cualquiera de sus ámbitos (local, autonómica, nacional, etc.) tiene atribuida una potestad sancionadora (RD 1398/1993), que junto a la autotutela ejecutiva, son los dos fundamentos esenciales de toda esa panoplia de multas y sanciones administrativas.

La base material de la mayoría de estas sanciones es el privilegio que tienen los documentos públicos y las declaraciones de funcionarios revestidos del papel de agentes de la autoridad (policías, agentes forestales, inspectores, etc.); que es importante recordar que no es una presunción absoluta, sino que invierte la carga de la prueba, obligando al administrado a demostrar la ausencia de responsabilidad de los hechos imputados (STS 18/12/1991). Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es lo que condicionará el resto del procedimiento.

Nos llega la primera comunicación de multa, ¿y ahora qué?

Para defendernos en un procedimiento administrativo sancionador, tenemos que pensar en lo mismo que haríamos si tuviéramos un juicio por cualquier otra cosa. Alguien nos ha denunciado (la Administración), nos imputa hechos que entendemos son injustos o inciertos (una multa de aparcamiento, una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana…), y tenemos que aportar elementos en nuestra defensa.

Si un particular denuncia a otro particular, y no aportara ninguna otra prueba que su declaración, cualquier juez archivaría dicha denuncia por falta de pruebas, pero cuando quien nos denuncia es un funcionario con la condición de agente de la autoridad, opera la presunción de veracidad que hablábamos arriba: tenemos que demostrar que no somos culpables, ya que en caso de que nos opongamos sin aportar nada, acabaremos sancionados.

Y aquí es donde entra nuestra actividad probatoria: debemos proponer toda aquella prueba que sirva para desvirtuar lo argumentado en la denuncia y en la posterior ratificación, desde testigos, videofilmaciones, documentos, y demás pruebas admitidas en Derecho.

Cuando la Administración nos termina ayudando

A partir de la crisis y el incremento del ánimo recaudatorio de las administraciones públicas, ha habido una generalización de las multas que únicamente se basan en esa presunción y no aportan ningún otro elemento probatorio.

Por nuestra parte, hemos solicitado la práctica de pruebas íntima y visiblemente relacionadas con el hecho denunciado, pero la Administración, sin hacernos demasiado caso y sin responder a nuestras alegaciones o respondiendo con frases genéricas, termina resolviendo que somos culpables.

Sin embargo esta arbitrariedad le puede costar cara a la Administración, ya que nos habilita sin demasiadas dificultades a recurrir judicialmente y sin necesidad de vista, por dos motivos:

  1. Cuando un procedimiento administrativo sancionador se hace sin la debida prueba de cargo, esto es entre otras cosas, no contemplar los medios de defensa del administrado y basar la resolución en la presunción de veracidad de las declaraciones de los agentes de la autoridad, incurre en una posible nulidad absoluta. Ver:
    • Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990 por la que se determina que la consideración de documento público de las actas en un ámbito en el que intervienen funcionarios revestidos de la condición de agentes de la autoridad, solo hace prueba del hecho denunciado y no de la veracidad de lo manifestado en dicho documento.
  2. Porque cuando se acredita una situación de indefensión en vía administrativa, esta no puede ser luego subsanada en el proceso contencioso-administrativo, siendo precisamente la función de este orden jurisdiccional analizar en nuestro caso si la Administración respetó las garantías del administrado. Ver:
    • Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1990 por la que se establece que entre el procedimiento administrativo y el proceso contencioso-administrativo no existe un continuum, en el que la indefensión producida en ese momento pueda subsanarse en otro sino que el primero es cualitativamente distinto del segundo.

Vistos estos elementos, podremos acudir al orden jurisdiccional contencioso-administrativo y solicitar la excepción del artículo 62 y 78.3 de la LJCA, en la que no hará falta la celebración de juicio (excepto que haya oposición de la Abogacía del Estado), por la evidencia de que los elementos que se discuten en el recurso interpuesto, esto es la ausencia de garantías en la fase administrativa, está ya documentada y no hará falta recibimiento a prueba, ahorrándonos meses o incluso años en la resolución final del hecho denunciado y con una alta probabilidad de éxito, pero redundando en que debemos solicitar tantas pruebas sean necesarias en vía administrativa para que este camino procesal dé sus frutos.

 

La Policía Nacional no te puede pedir el IMEI en la calle

Según informa el diario El Confidencial Digital, en varios puntos de la Península, agentes del Cuerpo Nacional de Policía están llevando a cabo controles en la calle donde al ciudadano afectado se le solicitan dos cosas: su DNI y el teléfono móvil a efectos de comprobar si su IMEI corresponde a un teléfono robado.

Bien, quien se vea afectado por esta práctica debe saber que se trata de una práctica completamente ilegal. La Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones no regula expresamente cómo será el régimen de cesión de los datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que entonces su protección descansa sobre la Ley de Protección de Datos.

La Sentencia del Tribunal Supremo 4152/2013, parece aclaradora al respecto. La misma argumenta que para la intercepción del número de IMEI no es necesaria autorización judicial, pero para cruzar y obtener los datos de su titular, sí:

La captura de estos I.M.S.I. o I.M.E.I. no precisa de previa autorización judicial“.

Esta Ley [de Protección de Datos] dispone que la recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad (art. 22.2)

La recogida y tratamiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los datos, a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7, podrán realizarse exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación, concreta, sin perjuicio, del control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de resolver las pretensiones formuladas en su caso por los interesados que corresponden a los órganos jurisdiccionales” (art. 22.3)

Entiende el TS que el IMEI es un dato en poder de las operadoras y cuya titularidad corresponde a éstas. La obtención masiva de éstos datos sin el consentimiento de sus titulares y/o afectados constituye una infracción al art. 22 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos, y más aún el hecho de llevar a cabo, y aquí sin orden judicial, las actividades indagatorias que permitan asociar un IMEI a una identidad determinada sin que ésta se haga en el marco de una investigación criminal o en referencia a un hecho penalmente relevante.

Es importante que sepas que puedes negarte a entregar el teléfono móvil y, en caso de denuncia administrativa, esgrimir las argumentaciones que expresa el Tribunal Supremo en la mencionada sentencia.

El uso de la firma digital FNMT en Semplice-Linux

Desde hace algunas semanas que los servicios de firma digital de la Red Sara parecen registrar incompatibilidades en materia de uso de los applets de Java en todas las distribuciones de Debian, estables o inestables. En nuestro caso, el problema se ha dado sobre Semplice-Linux, una distribución ligera basada en Debian Sid que puede usarse sin problemas en la Administración Electrónica.

Realizadas consultas con el soporte de la plataforma @firma, desarrolladora de este Applet, nos comentan lo siguiente:

Es un problema genérico de Firefox en Linux y OS X (incompatibilidad con Java LiveConnect) que Mozilla se niega a subsanar, por lo que desgraciadamente poco podemos hacer.
La solución es abandonar los Applets de Java e instar a los usuarios a instalarse el Cliente @firma con invocación por protocolo (“Firma Fácil con @firma”). Si los usuarios tienen instalada esta aplicación y el integrador usa el último JavaScript disponible en el SVN la firma en la página Web funcionará sin ninguna diferencia respecto al Applet.
La versión Linux de esta aplicación puede encontrarse aquí: https://github.com/guadalinexv9-team/simpleafirma  En breve se publicará, gracias a la ayuda del equipo de Guadalinex, en los repositorios de este sistema operativo. 
No obstante, se trata de una versión beta, por lo que en algunas distribuciones de Debian puede seguir habiendo problemas. Nuestra recomendación es que para usar la firma FNMT en Debian se trabaje a partir de distribuciones de Java anteriores a 7u72. De hecho, nosotros estamos trabajando con la inmediatamente anterior (6u45), y funciona perfectamente.

La prescripción de las multas de estacionamiento regulado de Madrid

El Servicio de Estacionamiento Regulado (S.E.R.) es uno de los instrumentos recaudatorios del Ayuntamiento de Madrid que más recauda y que menos transparencia ofrece en su contabilidad. Según la entidad municipal, dicho sistema permitió ingresar en 2012 más de 76 millones de euros, de los cuáles 73 se pierden en concepto de gastos e ingresos para las empresas que participan de la gestión del servicio.

Aparte, y según Automovilistas Europeos Asociados, solo 1 de cada 3 multas que se emiten en la capital española se llega a cobrar, ya que el 66% tienen defectos de forma y errores en su tramitación que, formuladas las oportunas impugnaciones, terminan dando la razón al contribuyente.

El caso de los parquímetros es paradigmático de esta actividad, que ha terminado siendo un mero instrumento recaudatorio y no una política de administración del tráfico rodado en la capital madrileña.

Uno de los aspectos que más relevancia debe dársele a la hora de enfrentar una multa del S.E.R. es cuestiones de forma. Estas sanciones son normalmente infracciones leves cuyo régimen sancionador está sometido a lo dispuesto en el art. 92 de la L.S.V.: si desde el día que te dejaron el papelito en el limpiaparabrisas hasta que se te notificó pasaron más de 3 meses, el tiempo te habrá dado la razón, dado que la sanción estaría prescrita. Y si la sanción es por un motivo grave o muy grave, el plazo se extiende a los 6 meses.

Pero esto no quiere decir que el Ayuntamiento no siga con el procedimiento. Lo normal de hecho es que aunque pienses que te libraste de llevar a cabo papeleos y alegaciones, seguramente serás notificado de que el procedimiento continúa. Lo cierto es que la Administración busca recaudar, por lo que, en vía administrativa, lo más probable es que insistan en cobrarte la multa y tengas que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para que resuelva a tu favor.

También hay que estar atento al TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico) de la DGT, ya que lo más probable es que seas notificado por este medio, tenga o no tenga vicios la sanción. Si usas habitualmente el coche por Madrid, no está de más darse un paseo y teclear nuestra matrícula un par de veces por mes en su buscador.

En síntesis, las multas del S.E.R. pueden ser tumbadas, pero no te vas a librar de un insufrible y farragoso papeleo.

 

La prescripción en la declaración del IRPF

En el último año y medio se han acentuado las cartas de Hacienda a los contribuyentes que en ejercicios anteriores no hicieron la declaración de la Renta. Son situaciones específicas en las que Hacienda presume que los destinatarios de estos procedimientos están obligados a hacer declaración, y que además, tras incoar el oportuno expediente sancionador, la hacienda pública podrá recaudar algunos euros derivados de las sanciones y los intereses de demora.

Es habitual que el receptor de esta carta empiece a tiritar nada más abrirla, pues pueden ser muchos los motivos por los cuales no hubo declaración de la Renta y no siempre tiene que ver con una voluntad defraudadora. Pero el procedimiento normalmente es inquisitivo en los casos del llamado “procedimiento de verificación de datos”, y será por tanto el contribuyente el que tendrá que demostrar su “inocencia”.

Hacienda, en un ánimo eminentemente recaudador, está enviando cartas a todo el mundo: jubilados, fallecidos, herederos de fallecidos o incluso menores. Pero en el caso del IRPF se está dando una situación que, de conocerse en profundidad, puede ahorrarle un susto a muchos contribuyentes afectados, y es que muchos de los procedimientos de verificación de datos iniciados por la Agencia Tributaria se están haciendo sobre liquidaciones prescritas, lo cual quiere decir que legalmente Hacienda habría perdido el derecho de cobro sobre dicha declaración, por haber pasado el tiempo establecido en la propia Ley.

Según lo dispuesto en la Ley General Tributaria, la autoliquidación del IRPF tiene un plazo genérico de prescripción de 4 años, que empieza a contar desde el día siguiente a la finalización del período voluntario de presentación (por ejemplo el 1 de julio de 2013 prescribirá la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2008, ya que el período voluntario de presentación de la misma era el 30 de junio de 2009).

No obstante, hay que tener en cuenta esta salvedad: el art 68.1 a) de la Ley General Tributaria expresa cuándo se suspende el plazo de prescripción, a saber:

Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.


Si usted recibe en las próximas semanas una carta de Hacienda pidiéndole que aporte datos relativos a su declaración de la Renta del año 2008 (es decir, la que se declara en el 2009), sepa que es probable que dicha liquidación se encontraría prescrita, y por tanto, no tendría usted ninguna obligación con la Hacienda Pública. No obstante, siempre es recomendable consultar antes de nada con un especialista para estar más seguro.

Diccionario de comandos de uso frecuente en Linux (Ubuntu)

Puede ocurrirnos alguna vez que el método gráfico de administración de Ubuntu se nos haya chafado, y tengamos que solucionar el lío desde la línea de comandos (por suerte, todo en Ubuntu es solucionable). Aquí adjuntamos para descargar un diccionario de comandos frecuentes realizado por los editores de la web ubuntu-es.org que recomiendo imprimir y tener a mano, para esos momentos en que pensamos que está todo perdido y que tendremos que borrar hasta las fotos de la primera comunión.