Derecho de Código Abierto
El pasado 13 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una nueva sentencia sobre las hipotecas vinculadas al índice Índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH).
Si bien en un próximo artículo desarrollaremos los efectos que puede tener esta sentencia en las hipotecas referenciadas a este índice, vamos a aprovechar este receso veraniego para hacer una aclaración respecto a estos tres tipos, y en particular, en qué consisten. (más…)
Ya han transcurrido más de dos años desde la aparición en la escena jurídica de dos hitos legales que pusieron fin a la incertidumbre de los bancos tras los diversos varapalos del TJUE a la justicia española en materia hipotecaria.
Hasta entonces, miles de ejecuciones hipotecarias fueron archivadas o suspendidas al contener en ellas las ya famosas «cláusulas de vencimiento anticipado» que facultaban a los bancos a dar por vencido el préstamo aunque se dejara a deber 1 céntimo de la deuda. Esos hitos que devolvieron la felicidad a las cuentas financieras fueron la aprobación de la Ley de Crédito Inmobiliario (LCCI) y la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2019, que gracias a ellos destrabaron decenas de miles de procedimientos.
Sin embargo, la lectura que los juzgados de primera instancia están haciendo de ambas referencias va mucho más allá de lo que el legislador y el iurisprudente europeo pretendía, y que está siendo un auténtico coladero de embargos en perjuicio de la gente que está perdiendo su casa. Se trata de una prevaricación judicial en toda regla. (más…)
El Juzgado de Primera Instancia nº40 de Madrid ha condenado por usura al fondo buitre Axactor, que adquirió un paquete de préstamos personales en situación de morosidad en 2019 provenientes de ING que, si bien el TAE y los intereses de demora estaban por debajo de los cánones usurarios establecidos por el Tribunal Supremo, establecía una remuneración de más de un tercio del capital prestado.
Dicho préstamo se refería a un nominal de 15.000 euros, a devolver en 75 cuotas; y aunque se recogía un TAE del 10,03% el importe a devolver ascendía a 20.005,48 euros, es decir, un 33% del total. (más…)
Según ha publicado el medio local Cadiz Directo, miles de clientes del Banco Santander han quedado con 0 euros en sus cuentas corrientes. La explicación de la entidad es de contenido imposible, ya que según el banco, el problema se debe «a motivos internos por el cierre de oficinas y la reestructuración que están realizando«.
La explicación es tan imposible como que la normativa bancaria establece que el banco tiene que encargarse de asociar nuestro antiguo número de cuenta con el nuevo cuando hay un cambio de oficina. Cualquier ingreso o pago realizado con la antigua numeración se traslada automáticamente a la nueva.
El dato no sería menor si no fuera porque el Banco Santander es uno de los primeros bancos candidatos a la quiebra.
Ya sea vía ERTE, despidos, subsidio o economías informales, hay un dato incontestable de la crisis del coronavirus sobre el que no existe discusión: las familias van a salir del Estado de Alarma con una drástica caída de ingresos, mientras que, en principio, los gastos como la hipoteca o el alquiler permanecen intactos.
Independientemente de si las medidas del gobierno nos parecen suficientes o no, es importante que las personas afectadas se preparen para un escenario en el que deben revisar todos sus gastos, y los nubarrones que se presentan para las entidades financieras, son desde luego una oportunidad que pocas veces se vé para renegociar cualquier deuda bajo nuevas condiciones.
Llámese oportunismo, justicia o guerra económica de baja intensidad, pero eliminar de los costes fijos de nuestros ingresos 600 euros todos los meses (la cuota media hipotecaria en España en febrero de 2020, un mes antes del Estado de Alarma) no es ninguna broma. Y no se confunda: esta situación económica por la que va a pasar no la va a resolver «un buen abogado» ni un poder judicial entregado en alma y brazos al poder financiero, sino su propia tenacidad a la hora de enfrentar a un enemigo poderoso. Hablamos de una auténtica huelga hipotecaria. (más…)
Una problemática habitual en el juicio monitorio de reclamación de cantidad, normalmente instados por bancos o fondos de inversión contra consumidores, es determinar si es posible oponernos a esta demanda reclamando la nulidad de cláusulas abusivas, o incluso instando la nulidad del contrato por usurario, lo que técnicamente se llama «demanda reconvencional«.
El art. 406.1 de la LEC establece que “sólo se admitirá la reconvención si existiere conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto del pleito principal”. Por lo que, en principio, se cumpliría el requisito de conexión entre las pretensiones de la demanda de juicio monitorio y la reconvención. (más…)
«Le ofrecemos la mejor solución: usted nos entrega la casa y se olvida de la deuda». Parece un pacto interesante para quien tiene una deuda hipotecaria imposible de asumir. Pero tenga cuidado: puede estar delante de un acuerdo desventajoso, esto es, un pacto comisorio.
Démosle la vuelta a esta oferta: «usted nos entrega su casa a cambio de cancelar una deuda que nosotros mismos hemos prediseñado». Ahora ya no suena tan bien. Notarías de toda España avalan una práctica bancaria llena de puntos oscuros y que, de hecho, otorga innumerables ventajas contables para las entidades financieras.
El art. 1859 del Código Civil, aprobado en 1889, observó con preocupación ya en aquella época este tipo de prácticas, estableciendo así la prohibición del pacto comisorio, precisamente para evitar un enriquecimiento del acreedor a costa de la angustia del deudor. (más…)
Las conocidas como participaciones preferentes son valores emitidos por entidades financieras que no tienen el carácter de «acciones», tal y como se conocen socialmente, ya que no confieren ningún derecho sobre la sociedad. Si bien han sido vendidas como un derecho prioritario de cobro entre sus suscriptores, esta afirmación tiene grandes matices.
Tampoco son depósitos con rentabilidad fija, sino que son emisiones de deuda perpetuas, sin un plazo definido, ya que no tienen vencimiento y cuya rentabilidad está supeditada a los resultados de la entidad. El alto riesgo de las preferentes está basado en que, para que sea una inversión medianamente rentable, el consumidor o adquiriente debe tener una muy buena información sobre la situación económica de la entidad, lo cual ha ocurrido en muy pocas ocasiones.
A la pregunta de si un órgano judicial puede declarar nulo un contrato de adquisición de participaciones preferentes, la respuesta es sí. Y vamos a ver los motivos. (más…)
La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 Bis de Toledo, María Rubio Sánchez, nos ha reconocido la nulidad de la cláusula de capitalización de intereses, o «pacto de anatocismo», frente a un contrato de préstamo hipotecario firmado en su día con Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).
La Sentencia de octubre de 2018 ratifica el criterio cada vez más consolidado entre las Audiencias Provinciales y que quedó plasmada definitivamente en la Ley 1/2013, la cual ha reformado algunos aspectos de la legislación hipotecaria.
La sistemática de ese pacto es de vital trascendencia para la deuda que mantiene nuestro cliente con la entidad, porque era el mecanismo por el cual la deuda había sido engordada artificialmente, y a pesar de los años en que la persona afectada había pagado regularmente (más de 10), había más de 10.000 euros de descuadre que ahora serán destinados a reducir el dinero reclamado. No obstante, existen casos de UCI donde la tasa de amortización no supera el 15% de la cuantía abonada.
La jueza del Juzgado de Primera Instancia nº6 de Móstoles, Elena Cortina Blanco, ha rechazado la revisión de una cláusula de vencimiento anticipado redactada en el año 2014 por la que se facultaba al banco acreedor, BBVA, a instar la resolución anticipada del préstamo con el impago de una sola cuota, y ha ordenado el desahucio de la afectada el próxmo 31 de enero. En el año 2014 ya estaba en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establecía el plazo de tres cuotas mínimas para instarlo.
En el citado procedimiento de ejecución hipotecaria, la afectada tuvo la defensa letrada del turno de oficio, que si bien instó la nulidad de dicha cláusula, no recurrió el auto que le daba validez. Ninguna de las partes ni tampoco la magistrada advirtieron que la redacción de la escritura se hacía en contra de la regulación vigente en el momento de la firma del préstamo. Ha sido con una nueva defensa letrada que la afectada ha instado la revisión mediante un incidente de nulidad de actuaciones, que la jueza ha desestimado. (más…)