¿Qué es la “Habilitación Personal de Seguridad” del Centro Nacional de Inteligencia?

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Sede de Indra, empresa contratista del Estado en materia de seguridad y defensa. Crédito: Wikipedia
Sede de Indra, empresa contratista del Estado en materia de seguridad y defensa. Crédito: Wikipedia

Si bien Javier Morey, guaperas protagonista de la serie El Príncipe interpretado por el actor Alex González, nos ha enseñado cómo se puede salir de una explosión o darse de palos con un supuesto yihadista sin hacerse un rasguño, es importante conocer que el CNI es en muchas ocasiones actor importante en la contratación de trabajadores o en la emisión de autorizaciones donde la discrecionalidad -razones de Estado- está servida.

Infraestructuras críticas, movimientos de personal, proyectos estratégicos de Estado, inversiones de grandes empresas españolas, etc. Situaciones o lugares susceptibles de generar una información que, por su valor, alcance y consecuencias de su difusión, puede poner en peligro una política nacional o estratégica. Va más allá del color político de un gobierno determinado. Técnicamente es llamada “información clasificada” y el acceso y uso de la misma está limitado a personas con determinadas cualidades.

Pongamos el ejemplo de los empleados de una empresa que provee material o tecnología de consumo para Ministerios o Fuerzas de Seguridad. Estos trabajadores, ya sean cualificados o no, tienen un nivel de acceso a infraestructuras o a redes de tráfico de datos con alto valor para el Estado. Si los servicios de inteligencia detectan en ellos posibles motivaciones económicas, personales o ideológicas, lo más probable es que el trabajador sea rechazado.

Este último vendría a ser el motivo por el cual la Oficina Nacional de Seguridad (ONS) impidió a Xaquín García Sinde y a otros empleados el acceso a la Sala Técnica de la empresa pública Navantia, denegándole la Habilitación Personal de Seguridad (HPS). Veamos por qué.

¿Qué es la HPS?

Se trata de una autorización que concede la ONS, un organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia cuyo fin es establecer criterios de aplicación en aquellos ámbitos donde se produzca, se utilice o se almacene información clasificada. Su concesión implica un examen e investigación previa, realizada por la autoridad que la concede, del beneficiario de esta autorización.

Según la NS-02 reguladora, estas indagaciones contemplan familiares, lugar de residencia y actividad de toda clase realizada durante, al menos, los últimos cinco años. Para que la autorización sea concedida, los “informes” deben ser favorables.

Polémicas

El mencionado caso de Xaquín García Sinde puede ser un buen ejemplo de arbitrariedad en el concepto de “sentido de Estado”. Sinde es empleado de Navantia desde hace más de tres décadas, es sindicalista, afiliado a Izquierda Unida y miembro del Comité de Empresa. Es más, según publicaba el diario El País, cuando fue notificado de la denegación de la HPS, ya llevaba tres meses trabajando en la oficina de acceso “restringido”.

Las resoluciones de denegación de las autorizaciones suelen ser escuetas, pero en este caso, la actividad política y sindical de Sinde parece haber sido determinante en su “inidoneidad” en la obtención de la habilitación.

Pero no es la única resolución controvertida de la ONS. En noviembre de 2014, la Audiencia Nacional resolvió desestimar una denegación de HPS a un interesado, la cual se basaba en dos subjetivísimas infracciones: g) Tienen o han tenido una conducta, incluida cualquier forma de desviación sexual, que pueda suponer un riesgo de vulnerabilidad por chantaje o presión; h) Han demostrado, de obra o de palabra, falta de honradez, deslealtad, falta de fiabilidad, no ser de confianza o indiscreción. No obstante, la sentencia de la Audiencia Nacional solo obligaba a “motivar mejor” la denegación.

¿Quién investiga?

Hay que partir de que el “interesado” conoce y autoriza que va a ser sometido a un proceso de investigación, personal y de su entorno. La investigación será tanto más exhaustiva en tanto el grado de información clasificada al que se necesite acceder sea mayor.

En el caso del personal militar de los tres Ejércitos (por tanto, con excepción del perteneciente a Cuerpos Comunes), del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y del personal del CNI, al estar integrados en organismos que tienen capacidad de investigación para determinar las condiciones de seguridad de los interesados, dichos organismos están autorizados para realizar las mismas, pero en el caso de personal civil ajeno a disciplinas militares o de las FSE o CNI, la investigación es llevada adelante por el propio servicio de inteligencia.

Si bien este procedimiento es idéntico al que llevan a cabo todos los países con importancia estratégica, los criterios del CNI a la hora de establecer las “amenazas” no están exentos de “curiosidades”: si bien un grupo de sindicalistas de Navantia no son idóneos o afectan a la seguridad, sin embargo nada se objeta a la celebración de un acuerdo de intercambio de información clasificada con países como Arabia Saudí, Estado que no oculta tener intereses estratégicos en España más allá de los económicos.

El acceso externo a la información

Según el folleto de normas de la Autoridad Nacional para la Protección de Información Clasificada, existen tres ámbitos de acceso externo a la información clasificada en España: OTAN, UE y Agencia Espacial Europea. Por los Tratados de adhesión del país a estas alianzas y los respectivos acuerdos de intercambio, esto implica un acceso externo a información española en tres ámbitos: militar, económico y espacial.

Si bien la propia norma establece la autorización previa de los organismos de inteligencia nacionales del acceso externo, el proceso de integración española en estas estructuras internacionales hace difícil que España obstaculice este acceso.

En cualquier caso, los servicios de inteligencia están mas cerca de nosotros de lo que habitualmente pensamos. Y sino que se lo digan a esta estudiante cubana en España, donde un simple informe del CNI que denunciaba una posible relación con el M-VI (organismo de inteligencia cubano dedicado al espionaje industrial) le sirvió al Juez-Encargado del Registro Civil de Oviedo para denegar su solicitud de nacionalidad.

Fuentes: Centro Nacional de Inteligencia y CENDOJ

 

Diego Herchhoren

Diego Herchhoren

Abogado especializado en Derecho Internacional Público latinoamericano por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED) y Debian System Linux Engineer por la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina). Ex agente del Ministerio de Seguridad de la Nación argentina, actualmente es abogado en ejercicio en Madrid.
Diego Herchhoren
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Diego Herchhoren

Abogado especializado en Derecho Internacional Público latinoamericano por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED) y Debian System Linux Engineer por la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina). Ex agente del Ministerio de Seguridad de la Nación argentina, actualmente es abogado en ejercicio en Madrid.

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