El Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional ha concluido el sumario instado tras la denuncia de la Fiscalía, que pretendía reabrir la causa que ventilaba la explosión de una bomba en la aseguradora PREVIASA, cuyo dueño era el entonces secuestrado por los GRAPO Publio Cordón. Las conclusiones que han sido trasladadas a la defensa es que no se encuentran pruebas de ninguna clase que imputen a Manuel Pérez Martínez la participación en los hechos.
Las actuaciones se basaban en una recopilación de testimonios realizados por la Unidad Anti GRAPO de la Guardia Civil(UCE-1), basados en las declaraciones de los «arrepentidos», que en varios casos luego disfrutaron de beneficios penitenciarios. En síntesis, se pretendía atribuir a Arenas una «responsabilidad por omisión» basada en meras elucubraciones.
Las pruebas aportadas por la Guardia Civil partían de la idea de que era Arenas quien supervisaba toda la actividad de los GRAPO. Se venía a concluir, a partir de fragmentos de documentación incautada a finales de los años 90 y principios del 2000, que el Secretario General del PCE(r) realizaba un control minucioso sobre todas las actividades de la organización armada, lo que en la practica hacía de la causa algo que iba mucho más allá del Caso PREVIASA, ya que abría una causa general contra él. Sin embargo, los interrogatorios a los testigos de la Fiscalía en modo alguno han podido concretar tal responsabilidad, a pesar de haber sido testimonios de arrepentidos.
De la prueba practicada se deducen relaciones políticas entre ambas organizaciones, algo que Arenas nunca negó, pero nunca se llegó a establecer vínculo alguno que evidenciara la participación del dirigente comunista en los hechos. Los informes, elevados durante la instrucción a la categoría de «periciales», eran recortes desordenados de las cartas y documentos orgánicos incautados, sin orden que pudiera siquiera reflejar una relación lógica entre ellos.
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