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Buen juicio

Derecho de Código Abierto

Razones por las que la mujer que provocó la muerte de su ex pareja en El Casar (Guadalajara) debe ser absuelta

La noticia de la muerte en la localidad de El Casar de una persona denunciada por malos tratos a su pareja, así como las confusas y erróneas informaciones que apuntan a que dirigentes políticos de todo pelaje se apresuren a condenar “bidireccionalmente” las violencias que se pueden dar dentro de la pareja, obliga a hacer precisiones sobre si estamos ante una verdadera agresión ilegítima o si, en cambio, el auto de ingreso en prisión sin fianza dictado por el Juzgado de Instrucción nº3 de Guadalajara es un acto de deliberada venganza hacia la mujer que repele una agresión previa.

En diferentes medios de comunicación se ha dicho que la orden de alejamiento que pesaba sobre el fallecido “vencía” al día siguiente de su fallecimiento. Si bien hay que precisar que en el orden penal, el establecimiento de medidas de protección a la víctima otorgan amplias facultades a la magistratura para establecerlas, no es habitual establecer medidas de proteción sujetas a “plazo”, pues lo normal es que dicha orden de protección se mantenga durante el tiempo que dure el proceso penal contra el agresor. Si esta denuncia fue presentada en 2017, y con el colapso que tiene en la actualidad el Juzgado de Instrucción nº2 de Guadalajara especializado en Violencia sobre la Mujer, lo más probable es que dicha denuncia estuviera todavía en fase de investigación. Lo que nos indica que probablemente los medios de comunicación que han informado de los hechos han proporcionado informaciones erróneas.

La cuestión que vamos a dilucidar aquí es si la persona autora de los hechos debe estar exenta o no de responsabilidad penal, en atención al tipo de lesión, a las circunstancias procesales del fallecido y entendiendo, a la luz de lo anterior, a quién corresponde probar si la autora miente al afirmar que las heridas al fallecido fueron provocadas en legítima defensa. (más…)

La Fiscalía no consigue reunir pruebas contra el Camarada Arenas por la bomba en PREVIASA

El Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional ha concluido el sumario instado tras la denuncia de la Fiscalía, que pretendía reabrir la causa que ventilaba la explosión de una bomba en la aseguradora PREVIASA, cuyo dueño era el entonces secuestrado por los GRAPO Publio Cordón. Las conclusiones que han sido trasladadas a la defensa es que no se encuentran pruebas de ninguna clase que imputen a Manuel Pérez Martínez la participación en los hechos. (más…)

La quiebra de AVICU y la Caja B (parte I): los héroes de Cospedal

Sois los héroes de Castilla-La Mancha“. Así se refería Maria Dolores de Cospedal, entonces presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha en el año 2013 a dos conocidos empresarios, accionistas de AVICU, cuando les entregaba el premio de la patronal regional en presencia del presidente de la CEOE Juan Rosell.

Para las personas que viven en Guadalajara (quien no lo sepa, a apenas 56 km de Madrid), la marca AVICU llegó a ser una identidad corporativa asociada directamente a la provincia. Como lo han sido la miel de abeja o alguno de sus parques naturales.

AVICU era una planta procesadora de pollos creada el 26 de noviembre de 1979, que en el año 2008 presentó un concurso de acreedores que permitió el despido casi libre de al menos 323 empleados censados en 2006. La quiebra se produce tras un aumento de la rentabilidad EBIT del 155% entre 2005 y 2006 y un aumento de las ventas del 5,52% en 2007. Sería un caso de estudio en una escuela de criminología como delito de insolvencia punible, pero aquí no ha pasado nada, y vamos a ver las razones. (más…)

La Policía añadió datos falsos al expediente judicial contra Resistencia Films

Las diligencias policiales recogidas por la fiscalía de la Audiencia Nacional y que sustentan la acusación contra el canal Resistencia Films incluyen datos falsos sobre personas que, según la versión policial, serían miembros “históricos” de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO).

En concreto, la versión policial afirma que el abogado Juan Manuel Olarieta y Josefa Seoane, madre de los ex presos comunistas Francisco, Jesús y Carlos Cela, serían “integrantes destacados” que fueron entrevistados desde la productora y por tanto serían el “nexo” entre el documentalista autor de las grabaciones y la organización armada.

Asimismo, incluye entre los materiales de interés policial el documental Recuerdos en la tierra, sobre la situación social del campo granadino o los contenidos del Festival DOCUMENTASUR. (más…)

San Vicente de Paul administra un fondo de inversión inmobiliaria de 600.000 euros

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Protesta en Madrid contra la cesión de VPO’s a fondos buitre

La entidad, definida como Sociedad de carácter humanitario, benéfico y social, administra Bailallier Servicios Generales SL, una empresa con un capital social de 600.000 euros, dedicada según el Registro Mercantil a la adquisición, tenencia, administración, arrendamiento -incluido leasing inmobiliario- y explotación de bienes inmuebles, así como la adquisición, por cuenta propia, de valores mobiliarios. El apoderado y Vicepresidente de la entidad es un empresario que dirige una de las empresas asociadas por la Fiscalía Anticorrupción a la trama Púnica.

La empresa que administra la Sociedad de San Vicente de Paul, cuya sede social se encuentra en las proximidades de la sede del Banco de España de Madrid, es sin embargo una entidad fantasma dado que en dicha ubicación (C/Virgen de los Peligros 9) nadie sabe nada de ella. (más…)

Los juzgados no pueden consultar libremente los antecedentes penales

Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid). Crédito: Wikimedia

Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid). Crédito: Wikimedia

Según el Supremo, si no hay un procedimiento penal de por medio, la consulta indebida puede implicar un delito de descubrimiento y revelación de secretos. El Alto Tribunal ha condenado a un juez de instrucción a este cargo por ordenar la consulta al Registro de Penados de los antecedentes penales de una persona a la cual no se le había incoado ningún procedimiento. (más…)

Las escuchas ilegales anulan el procedimiento si son la única prueba en contra, según el Tribunal Supremo

Edificio del Tribunal Supremo. Crédito: Wikimedia

Edificio del Tribunal Supremo. Crédito: Wikimedia

El Alto Tribunal ha estimado un recurso presentado por dos personas condenadas por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, en función de que la sentencia original, dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, tuvo en cuenta elementos obtenidos de escuchas telefónicas declaradas ilegales, todo ello a pesar de que incluso los recurrentes negaron o guardaron silencio al respecto de su participación en los hechos.

Sin embargo, el Supremo introduce un criterio importante para valorar si esas pruebas anuladas contaminan toda la causa: la regla de la conexión. En el caso ventilado, el Supremo falla a favor del condenado, porque entiende que el relato de la condena toma elementos de prueba obtenidos a partir de las propias escuchas anuladas y otorga valor probatorio a los silencios en la declaración de los dos recurrentes.

(más…)

Phishing: recibir dinero sin preguntar puede suponer un delito de blanqueo de capitales

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El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de una persona por un delito imprudente de blanqueo de capitales al recibir dinero de origen desconocido, pero que debía haber advertido su procedencia probablemente ilícita.

Se trata de una condena derivada de la práctica del phising o robo de datos a partir de falsas interfaces de entidades bancarias, los cuales se obtienen enviando al afectado un correo electrónico solicitando que introduzca nuevamente claves y datos de acceso a sus cuentas de banca personal. (más…)

Más ley mordaza: la Ley Antiterrorista se endurece con la reforma de la LECrim

Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior español. Crédito: Wikimedia

Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior español. Crédito: Wikimedia

Entre las novedades menos comentadas sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recientemente aprobada por el Senado, es que se fijan nuevos plazos máximos de detención. El nuevo marco temporal queda fijado en un máximo de hasta 10 días de plazo de detención incomunicada para delitos de terrorismo o realizados por organizaciones criminales.

De esta manera, la reforma impulsada por el Gobierno elevará el plazo de detención incomunicada a cinco días que, en el caso de personas investigadas por delitos de terrorismo y personas integradas o relacionadas con bandas armadas, podrán prorrogarse hasta cinco más y alcanzar los diez. El propio Gobierno español ha reconocido que con la vieja redacción, la detención incomunicada se utilizó en el 8% de los casos de las detenciones por estos motivos entre 2013 y 2015. ¿Cómo justifica entonces el Gobierno esta medida? (más…)

[Infografía] La otra ley mordaza: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal

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La semana pasada, el Senado devolvió al Congreso de los Diputados los dos proyectos de Ley (uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria) que modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tiene como finalidad “agilizar la justicia penal, fortalecer las garantías procesales del investigado, establecer un nuevo marco procesal del decomiso y regular las medidas de investigación tecnológica“.

Una reforma que establece normas más restrictivas para la investigación de causas complejas en las que intervienen una pluralidad de imputados (que ahora pasarán a llamarse investigados), características de los macroprocesos y de los grandes delitos económicos. Incluye también un paquete de medidas relacionadas con la vigilancia y el espionaje electrónico de personas investigadas que abre la veda, por su ambigüedad, a todo tipo de interpretaciones policiales. (más…)